Los desastres en Chile forman parte de su historia y naturaleza, sin embargo, la aceptación de sus condiciones geográficas y geológicas hacen necesario que el Estado se plantee como desafío la planificación y desarrollo de mecanismos de acción ante éstos. Las últimas décadas han estado marcadas por la ocurrencia de terremotos, aluviones, mega incendios, tsunamis, entre otros, dejando en duda si la Gestión del Riesgo para el Estado chileno es abordada de forma íntegra en contextos de catástrofe. En función de esto, la siguiente investigación pone atención en conocer cuáles son las capacidades del Estado, para así contribuir a posicionar la gestión y planificación de riesgos en el país.
Chile posee una particular configuración territorial que presenta una serie de singularidades: su variabilidad climática, su localización en el cordón de fuego del Pacífico y en la zona de subducción, además de estar sobre el límite de la placa tectónica de Nazca donde se une contra la placa Sudamericana. Estos elementos propician espacios dinámicos y vulnerables a la ocurrencia de eventos naturales, tales como actividad sísmica, tsunamis, volcanes activos, lluvias torrenciales, entre otros. La ocurrencia de estos eventos presenta consecuencias negativas para el país como la pérdida de vidas humanas, bienestar social y personal, pérdida de activos económicos y medios de subsistencia a las poblaciones. El terremoto del año 2010, con magnitud de 8,8 MW y una duración aproximada de tres minutos, tuvo su epicentro en el mar, frente a las localidades de Curanipe y Cobquecura, a 47,4 kilómetros de profundidad bajo la corteza terrestre, lo que minutos más tarde provocó un tsunami que afectó las regiones de Valparaíso, O’Higgins, Maule, Biobío y la Araucanía. La cuantificación de las pérdidas se expresó en 2.671.556 afectados y 562 pérdidas humanitarias, y los daños cuantificados en término económicos fueron US$ 30.000 millones. Lo anterior, cuestionó los protocolos de emergencias, debido a la ausencia de coordinación institucional y la debilidad en la gestión pública donde no hubo alerta temprana a la población, este suceso replanteó la forma de operatividad con que funcionan los sistemas de emergencia, protección civil y las agencias nacionales de protección. El terremoto y posterior tsunami del año 2010, provocó la coyuntura para un nuevo planteamiento institucional, que se plasmó en el Proyecto de Ley que crea un Nuevo Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil. Esta ley “promueve e implementa las acciones de mitigación-prevención, preparación, respuesta y recuperación (…) con el objeto de fortalecer la gestión de emergencia a partir de una aproximación integral” (Oficio, Sistema Nacional De Emergencia Y Protección Civil, 2013: 2).
